martes, 14 de abril de 2015

AQUÍ NO PASA NADA


Escribe Dianeth Pérez

Un grupo de sicarios que opera en la Sierra Tarahumara subió un video donde se nota la capacidad de recursos humanos y materiales con que cuenta, antes de un enfrentamiento entre los cárteles de Sinaloa y Juárez. Nadie los ve, nadie los molesta.

La revista Proceso publica un reportaje donde descubren que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, emulando a su patrón el presidente, tiene también valiosas propiedades a nombre de su esposa, obtenidas también gracias a un contratista beneficiado en su época de gobernador en el estado de Hidalgo. El funcionario lo desmiente, la revista publica el contrato de compra-venta. Igual que Enrique Peña Nieto y el Secretario de Finanzas, Luis Videgaray, Osorio Chong no presenta su renuncia ante el evidente conflicto de intereses. 

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, indica que hay más de 4 mil casos de tortura en los últimos ocho años. Mientras sigue el cruce de acusaciones entre el gobierno mexicano y el relator de la ONU por la palabra “generalizada”, nada se hace para acabar con la tortura.

Según datos del Senado de la República, cada hora desaparecen de tres a cuatro niños en México. Son víctimas de explotación sexual, venta y tráfico de órganos. No hay una estrategia para acabar con el robo de infantes; el desinterés y la ineficacia de las autoridades solo han hecho crecer el problema.

Seis mujeres mueren cada día en México de forma violenta. Guerrero, Chihuahua y el Estado de México concentran el 35 por ciento de los casos. Poco o nada se hace para tipificar el delito como feminicidio y para llevar a los culpables a la cárcel. 

Si hablamos de Baja California, Tijuana es el segundo municipio con la mayor cantidad de mujeres asesinadas en el país, con 405 casos en los últimos siete años; solo por debajo de Ciudad Juárez, con mil 42 víctimas. Tijuana también destaca en robo de niños.

En San Quintín los jornaleros agrícolas se cansaron de las condiciones inhumanas en las que habitan y trabajan; situación que ya había sido denunciada por diversos medios de comunicación y las autoridades prefirieron voltear a otro lado.

El gobernador Kiko Vega se hace también su “casa blanca” y el alcalde de Mexicali beneficia a su amasia con sueldo y pensión envidiables en el ayuntamiento.

En cualquier país civilizado cualquiera de estos casos pondría al gobierno en una posición muy incómoda, forzándolo a implementar una estrategia y a obtener resultados como condición de permanecer en el poder, pero no en México. No hemos aprendido a ser una sociedad crítica, exigente, informada, con memoria.

Ahora no solo la violencia mexicana llega a las páginas de medios internacionales, también la lujosa vida de los “mirreyes” mexicanos se ha convertido en noticia en Europa. La generación de juniors que carecen de sensibilidad social y de escrúpulos; los que conseguirán dinero y poder por ser “hijo de”; los que tienen “palancas”; los que empiezan a aparecer en las boletas electorales y tomarán las riendas del país si no despertamos.


Dianeth Pérez Arreola (México) es egresada del Máster en Comunicación Periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en varios proyectos periodísticos y vive en los Países Bajos desde 2003.  

lunes, 6 de abril de 2015

UNA APROXIMACIÓN AL CONFLICTO BOLIVIANO – CHILENO POR UNA SALIDA SOBERANA AL OCÉANO PACÍFICO


 Escribe José Luís Mingo


Como consecuencia de la Guerra del Pacífico (18791883) y del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904 entre los dos países, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio y 400 Kilómetros de costa en el Océano Pacífico. 

 

Para Bolivia y para los bolivianos, la pérdida de su salida soberana al mar ha sido, durante todo el siglo XX y lo sigue siendo en la actualidad, la gran tragedia nacional a la que desde siempre han intentado poner remedio mediante un acuerdo con Chile para que este país ceda a Bolivia una salida al mar, es decir, que Bolivia tenga la soberanía de un espacio de litoral y un corredor terrestre que enlace ese litoral con su actual territorio.

El contencioso por la salida al mar es extremadamente complejo por razones múltiples de entre las cuales pueden ser especialmente relevantes las siguientes: El Tratado de 1904 es claro, el litoral que antes fue boliviano es hoy  chileno y Bolivia carece de legitimidad para cambiar lo que fue firmado; cualquier posible cambio en la soberanía sobre los territorios del norte de Chile en los que podría establecerse el litoral y el corredor boliviano, está sujeta a la aceptación de Perú, país también afectado por la pérdida de territorios en la Guerra del Pacífico, que tiene tratados internacionales con Chile que así lo confirman; la existencia del corredor con soberanía boliviana haría desaparecer la vecindad entre Chile y Perú y la comunicación directa entre ambas naciones e incluso alteraría las fronteras marítimas hoy existentes; y, por último, los ciudadanos del norte de Chile son chilenos desde hace más de un siglo y ni ellos ni el resto de sus compatriotas parecen dispuestos a que dejen de serlo ni a que vivan en un país extranjero. 

Y, para añadir dificultades a la  posible solución al conflicto, hay que añadir otro grave problema que no figura en ningún documento pero que subyace en cualquier posicionamiento: Las actitudes de desconfianza de los ciudadanos de ambos países que consideran no  fiables ni  a las autoridades ni a los ciudadanos del otro país, y que ven  imposible  llegar un  acuerdo que pueda cerrar  definitivamente el conflicto. 

Pues bien, en la continuada búsqueda de la salida al mar, en abril de 2013 Bolivia abrió un nuevo camino, una nueva vía: Planteó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile en la que solicita al Tribunal Internacional que se exija a Chile abrir negociaciones de buena fe para procurar espacio con soberanía en el litoral y en el corredor.

Y ahora, en el mes de mayo de 2015, ambos países han de presentar sus alegaciones ante ese Tribunal.

El tema preocupa profundamente a todos los bolivianos y también, no cabe duda, a las autoridades y al pueblo chileno.

Pero, ¿Qué argumentos tiene Bolivia para acudir al Tribunal Internacional si el Tratado de 1904 es claro y nadie puede exigir a Chile la renuncia a sus derechos?

Los juristas bolivianos han hecho un gran trabajo y han encontrado, además de posibles incumplimientos del Tratado de 1904,  una vía legal nueva y diferente a las usadas hasta el presente, para exigir a Chile la celebración de las negociaciones de buena fe para dar la salida al mar a Bolivia: No cuestionan el Tratado de 1904, trabajan a partir de la teoría de “los actos unilaterales de los  Estados” consistente en que las promesas de las más altas autoridades de un país (Jefes de Estado, Primeros Ministros o Ministros de Exteriores) a las autoridades del  otro país, e incluso sus declaraciones públicas sobre un tema, pueden crear la obligación para el Estado al que representan  de cumplir las promesas formuladas.

El planteamiento boliviano es acertado, hay múltiples promesas de mandatarios chilenos relacionadas con la negociación de la salida al mar de Bolivia, existen precedentes en la aplicación de la teoría en ámbitos jurídicos internacionales y, aunque desde el punto de vista jurídico no es relevante, pone de manifiesto ante la opinión pública internacional conductas poco éticas (prometer y no cumplir muchas veces)  por parte de los mandatarios chilenos a lo largo de un siglo.

Claro que, Chile tiene también, además de buenas  razones para impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para juzgar el contencioso tiene tres argumentos, dos buenos y un tercero muy poderoso: El primero es que el Tratado de 1904 fijó la frontera entre Chile y Bolivia; el segundo es que  Bolivia tiene acceso al mar en virtud del Tratado de 1904; y el tercero, en contra de lo planteado por Bolivia en relación con los actos unilaterales de los Estados, es que, como sucede en todos los procesos de negociación, cualquier acuerdo parcial no genera obligación alguna hasta que se ha alcanzado, aprobado y ratificado el acuerdo global; y ello es así por cuanto atentaría contra el principio general de seguridad jurídica y haría imposible que hubiera ningún tipo de negociación compleja si los acuerdos parciales tuvieran validez sin que estos estuvieran incluidos y refrendados en el global de la negociación.

Para terminar este artículo en  Noticias Comentadas, decir que, como en todos los casos en que un asunto se somete a un tribunal de justicia, no es posible predecir el resultado del contencioso planteado por Bolivia contra Chile, pero lo que sí se puede afirmar con absoluta certeza es que tanto para Bolivia como para Chile, también para Perú y acaso para todos los países de América, encontrar el modo de sacar de su tragedia a Bolivia y al pueblo boliviano es un imperativo al que todos estamos obligados.


José Luís Mingo Zapatero (España) es profesor del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid. Profesionalmente es consultor de empresas.

viernes, 20 de marzo de 2015

EL SILENCIO QUE HACE ECO


Escribe Dianeth Pérez

Apenas el 11 de marzo la televisión holandesa emitía una entrevista con la periodista Anabel Hernández, a propósito del lanzamiento de la plataforma MéxicoLeaks. Ahí narra como el Secretario General de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dio la orden de matarla en 2011.


Cuatro días después, medios como Aljazeera, El País, BBC y The Wall Street Journal, informaban del despido de una de las voces más emblemáticas de la comunicación en México: Carmen Aristegui.

El rompimiento entre MVS y la periodista ya se veía venir. El despido de dos de sus colaboradores fue para ponerla entre la espada y la pared, pero el verdadero motivo de su salida a todo el mundo le queda claro, se llama Enrique Peña Nieto.

Incomodado por el temas como Tlatlaya, Atenco, Ayotzinapa, el conflicto de intereses con el Grupo Higa y las casas de su esposa y su secretario de Hacienda, el destape de la red de prostitución dentro de las oficinas del PRI, las críticas por su viaje a Reino Unido y la imposición de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  Enrique Peña Nieto exigió la cabeza de Aristegui.

Este mes el Ministro de Justicia holandés, Ivo Opstelten y su Secretario de Estado, Fred Teeven, dejaron sus cargos al descubrirse que engañaron al parlamento con la cantidad de un pago compensatorio hecho a un narcotraficante… en 2001.

La vergüenza y desde luego la presión social, ocasionaron la salida de los funcionarios, que por cierto, pertenecen al mismo partido político que el Ministro Presidente, Mark Rutte.

Pero volviendo a México, es evidente que los políticos no tienen vergüenza, y que sólo muertos o “chapulineando” a otro hueso más carnoso es posible separarlos de sus cargos. No importa que se les cuestione sobre sus propiedades, sus derroches y las investigaciones de que son objeto. Ellos aguantan la tormenta  estoicamente.

Tampoco tienen empacho los legisladores cuando se sabe que son premiados por aprobar leyes que hunden al país, cuando se autorizan bonos y compensaciones y cuando sus misteriosas ausencias son clave a la hora de votar. 

¿Y qué decir de un presidente que se compra un avión de 580 millones de dólares en un país con más de 50 millones de pobres?, el mismo que realiza viajes oficiales en medio de crisis sociales y políticas, que impone a un ministro a pesar de tener 50 mil firmas en contra, y que ahora se sale con la suya con el despido de Aristegui. 

No puedo describir la incredulidad que todo lo anterior provoca en los holandeses, porque México hace tiempo que está presente en las noticias nacionales; lo que más ha llamado la atención: el soborno de 14 millones de dólares que pagó el gobierno para hacer a los mexicanos blancos, a la policía honesta y al villano extranjero.

No, no acusan a los políticos por esta falta de vergüenza, de integridad, de compromiso y de voluntad, sino a quienes lo permitimos. Nosotros también hemos aprendido a aguantar la tormenta estoicamente.

Dianeth Pérez Arreola (México) es egresada del Máster en Comunicación Periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en varios proyectos periodísticos y vive en los Países Bajos desde 2003.