lunes, 26 de noviembre de 2012

PRUEBA Y ERROR

Escribe Dianeth Pérez


Hace unos días el Ministro Presidente de los Países Bajos, Marc Rutte, se disculpaba por los recortes propuestos en los presupuestos y daba marcha atrás. Las críticas venían de los afectados por dichos recortes, pero sobre todo, por miembros de su propio partido político.


No puedo evitar comparar esta situación con México, mi país de origen. ¿Un gobernante que pide disculpas? Jamás. ¿Que da marcha atrás? Un político mexicano nunca se equivoca. ¿Críticas de su propio partido? Impensable.  

Rutte y Samson, los ganadores de las pasadas elecciones de septiembre, se han hallado muy cómodos trabajando juntos y han metido el acelerador a fondo tanto en la formación del gabinete como en los recortes exigidos por Bruselas. No han tomado en cuenta el aspecto social en el que se basan sus partidos.

Las deducciones de la hipoteca, la seguridad social y la subida de impuestos están otra vez sobre la mesa. Qué maravilla vivir en un país donde los políticos son simples mortales que cometen errores, los reconocen y los enmiendan. 

La crisis se nota más que nunca. Las noticias hablan del posible cierre de 10 prisiones. Esto implica despedir al personal y acomodar a varios presos en una sola celda. Lo leo varias veces, porque no lo creo. Esto último parece pesarles más que despedir al personal. No por nada califican a las cárceles como hoteles de lujo.

Otra noticia. Los dueños de mascotas optan por abandonarlos en el asilo al no poder mantenerlos o los duermen si están enfermos para no pagar los tratamientos médicos. Los asilos de animales están al borde de su capacidad y no hay dinero para ellos tampoco.

El poder adquisitivo ha disminuido, las cifras de ventas van para abajo y aunque las fiestas decembrinas son una pequeña esperanza, los holandeses no se caracterizan por su generosidad. La fama de tacaños les hace más honor que nunca.

La gente espera unos presupuestos sensibles a los intereses de los más necesitados, no ha perdido la confianza en sus líderes ni el optimismo en el futuro. La crisis es dura, afecta a todos, pero es algo temporal. Tal vez sea esta mentalidad la que haga la diferencia.

Dianeth Pérez Arreola (México) esegresada del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial. Licenciada en Ciencias de la Comunicaciónpor la Universidad Autónoma de Baja California, actualmente vive y desempeñasuactividad en Leiden (PaísesBajos).

lunes, 5 de noviembre de 2012

EL EJÉRCITO PRIVADO DE CENTROAMÉRICA


 
Escribe Deylin Gutiérrez

Las empresas de seguridad privada que operan en Centroamérica son en algunas ocasiones parte del problema estructural de inseguridad que afecta a la región. Sus beneficios dependen en gran medida del grado de violencia que se presente en la zona o de la relación que exista entre sus propietarios con las fuerzas del orden.


Un informe de la Federación Panamericana de Seguridad Privada presentado recientemente indica que en la región hay más de 200 mil personas dedicadas a este negocio, ubicadas principalmente en los países con mayor actividad delictiva.

Comúnmente se tiene la idea de que el auge de este tipo de empresas tiene una relación directamente proporcional con el aumento de la violencia en Centroamérica y por la incapacidad de las autoridades policiales para hacer frente al tema de la inseguridad, lo cual es cierto, pero no del todo.

También ha tenido que ver, la incursión a este tipo de negocios de algunos ex militares y ex policías, quienes han querido mantenerse activos valiéndose de sus relaciones y de la experiencia acumulada en su profesión.  

Un informe de la OEA –publicado en 2008- sobre la seguridad privada como respuesta  a la seguridad en zonas urbanas, refiere que en Honduras estas empresas surgieron en la década de los años ochenta dentro de la propia policía y de las fuerzas armadas.

Los empresarios recurrían a las autoridades militares para contratar los servicios de seguridad privada y eran éstos los que además les otorgaban los permisos de funcionamiento para crear esos negocios.

En El Salvador esas empresas surgieron después del conflicto armado de los años ochenta. 

A pesar de las prohibiciones legales, la Policía tiene un programa denominado Bolsa de Trabajo Policial, que es voluntario y al que pueden acogerse aquellos oficiales que tenga un buen expediente disciplinario y que demuestren problemas económicos. Los funcionarios se encargarán de la  vigilancia privada de los espectáculos y de los actos masivos.

En Guatemala, el país con mayor guardia de seguridad de la región, este tipo de negocios surgieron a principios de los años setenta y uno de los servicios que más ofrecían y lo siguen haciendo es, el de los antisecuestros. También ayudan a las víctimas que han sufrido algún tipo de extorsión. 

En ese país, el 75 por ciento de las empresas de seguridad privada están gestionadas por ex militares y el resto 25 por ciento por ex policías.   
 
En los últimos años, en la región se ha creado una economía poderosa relacionada con la inseguridad, tanto que hay más agentes de seguridad privada que miembros de las fuerzas públicas. 

En Guatemala, según el periódico hondureño Proceso, es donde hay más agentes privados que policías de toda la región. Para proteger a los casi 13 millones de guatemaltecos hay unos 120 mil guardias de seguridad privada frente a los casi 20 mil oficiales del orden. Esos datos ubican a ese país centroamericano en uno de los más desproporcionados de todo el continente. 

Pero hay también otras preocupaciones relacionada con estas empresas y es el tema de las regulaciones y de sus vínculos con actividades ilegales. En Honduras los guardias de seguridad privada se han visto involucrados en actos de violencia por un conflicto de tierras que ha sido denunciado por organismos de derechos humanos. 

Mientras en Costa Rica, una de cada cinco empresas de seguridad está bajo investigación por el desempeño irregular de sus agentes y muchas de éstas tienen los papeles vencidos desde hace más de diez años.

Es innegable  que  con el crecimiento de estas empresas han aumentado también la percepción de seguridad en algunas zonas, pero en aquellas donde no las hay se corre el riesgo de que la gente quede excluida y gestione sus propios mecanismos de defensa.

Las condiciones de seguridad pública que deberían de ser garantizadas por el Estado, cada vez se ven mermadas por la participación de la empresa privada, en una clara competencia de atribuciones. Si la situación sigue así, es probable que eso de la seguridad sea un asunto privado como tantos otros servicios que hay en la región.

Deylin Gutiérrez Pérez (Nicaragua) es egresado del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, es periodista y escribe sobre temas internacionales relacionados con Centroamérica y trabaja en proyectos de comunicación 2.0.