ALBERTO FUJIMORI: ¿INDULTAR O NO INDULTAR?

Escribe Pamela Pacheco

El 19 de noviembre de 2000, Alberto Fujimori renunció a la presidencia del Perú por medio de un fax enviado desde Tokio, luego del destape del escándalo de corrupción ocurrido durante su tercera legislatura. Tras una exhaustiva investigación fue condenado a 25 años de cárcel por los delitos de secuestro, homicidio y crímenes de lesa humanidad.

Durante su gobierno, el ex mandatario constituyó un ejército integrado por militares denominado "Grupo Colina", bajo el mando directo del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, órgano que dependía directamente de la Presidencia de la República. De ahí que Fujimori tiene responsabilidad penal directa sobre los crímenes cometidos por el "Grupo Colina". 

A fin de no rendir cuentas ante las autoridades peruanas, Fujimori se refugió en Japón alegando su nacionalidad japonesa, confirmada por el ministro de Justicia del país de oriente, Masahiko Komura. A esa conclusión se llegó porque el nombre japonés del ex presidente peruano, Kenya Fujimori, aparece en el registro civil de la provincia de Kumamoto, de la que son originarios sus antepasados. 

Fujimori, hijo de inmigrantes nipones que se establecieron en Perú en los años 30, fue inscripto al nacer en el consulado japonés en Lima y figura en el registro o "koseki" de su familia en el pueblo de Kumamoto, lo que le otorga la condición de ciudadano japonés. 

LA CAÍDA DE FUJIMORI

El principio del fin del ex presidente fue un vídeo en el que se veía al entonces asesor de Fujimori y jefe de los Servicios Secretos, Vladimiro Montesinos, sobornando a un diputado de la oposición. 

El hecho desencadenó una grave crisis. Montesinos fue oficialmente destituido de sus cargos y tuvo que huir del país. Fujimori anunció elecciones presidenciales anticipadas para el 8 de abril de 2001. El ex mandatario argumentó su decisión en el deseo de no entorpecer el proceso de democratización para que las próximas elecciones puedan ser absolutamente limpias.

En aquel momento versiones extra oficiales señalaron que Fujimori se fugó del país para evitar ser condenado por haber codirigido con Vladimiro Montesinos una enorme trama de corrupción. El tiempo les dio la razón.

¿INDULTAR O NO INDULTAR?

El 10 de octubre de 2012, Keiko, Sashi, Hiro y Kenyi Fujimori, los cuatro hijos que tuvo con la ex congresista Susana Higushi, presentaron en el Ministerio de Justicia el pedido de indulto para el ex presidente alegando razones humanitarias por su deteriorado estado de salud, producido por un Cáncer de boca. 
 
La petición de indulto va acompañada por una de "reparación civil", que reclama la pensión de Fujimori como ex presidente y como profesor de una universidad pública.

El otorgamiento de este beneficio está en manos del presidente de la República, según indica la Constitución, recayendo por este periodo en Ollanta Humala. Durante su participación en la Cumbre Iberoamericana, el actual presidente del Perú evitó posicionarse declarando que la decisión del indulto no está en sus manos.

La solicitud de indulto a Fujimori tiene que ser evaluada por una comisión del Ministerio de Justicia, tras lo cual se elevará un informe al presidente Ollanta Humala para que tome una decisión, respuesta que no tiene un plazo establecido. 
 
Por su parte, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa declaró estar en contra de este indulto y además brindó su apoyo a Humala durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú en 2011, en las que la disputa estaba entre el militar retirado y la hija de Fujimori. Cabe recordar que Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori disputaron la presidencia del país andino en 1990.

El mundo da vueltas, la solicitud de indulto al ex presidente peruano alega razones humanitarias, cuando uno de los motivos de su condena fue su implicación directa en crímenes de lesa humanidad. Los principales aliados de Fujimori son sus dos hijos, ambos políticos peruanos en activo. Por último, la ministra de Justicia del Perú, Eva Rivas, sostiene que el indulto no sólo es el perdón de la pena sino también el reconocimiento de los delitos y que la solicitud debe estar firmada por el condenado, la petición del indulto a Fujimori no lleva su rúbrica. El debate está abierto.

Pamela Pacheco González (Perú) es egresada del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid. Es periodista, actualmente vive y trabaja como comunicadora en Madrid.

EL PAÍS MENOS COMPRENDIDO DEL MUNDO

Escribe Adrian Elliot

España, Grecia y, en menor medida, Italia, hoy se quejan de que no se sienten comprendidos. Por mucho que se esfuercen por satisfacer las demandas de sus acreedores, la situación económica sólo empeora y, al margen de los esfuerzos de la Unión Europea y de Alemania de buscar una solución, la opinión pública de los demás países sigue pidiendo mayores sacrificios, alentada por la sensación de que de alguna forma, lo tenemos merecido por el despilfarro y la falta de productividad de los años anteriores. 

Es una percepción injustificada, sin embargo, se trata de una sensación terrible sentir que nadie más te entiende, y en un mundo en el que la información se extienda tan rápidamente y las percepciones se consoliden a velocidad de vértigo, muchas veces a base de información poco contrastada, es sumamente difícil dar la vuelta al tema. 

Hoy, de todas formas, el país menos comprendido del mundo no es España ni de lejos. Nos trasladamos un momento a Oriente Próximo y vemos como Israel se ha transformado en relativamente poco tiempo en una paria tanto para la opinión pública internacional como para la de los gobiernos de unos países que hasta hace poco eran sus grandes aliados. La semana pasada Israel perdió una nueva batalla y sufrió la humillación de ver como estos aliados apoyaran el nombramiento de Palestina como estado observador en la ONU. Después de los últimos ataques a Gaza y la muerte de 140 palestinos, la Autoridad Palestina ha ganado una gran victoria propagandística con este anuncio que deja cada vez más aislado a Israel. 

Viendo los medios europeos, parece que hay un gran consenso social de que Israel, y en particular el Gobierno de Benyamín Netanyahu,  se ha excedido en su política de represión en los territorios ocupados. Y más ahora después de que la reacción del Gobierno israelí haya sido la de anunciar la decisión de congelar la transferencia de nuevos fondos de ayuda a la Autoridad Palestina y de iniciar la construcción de 3.000 viviendas en Cisjordania. Las críticas, además, han arreciado entre los sectores más moderados de la opinión pública israelí. Hoy, en un editorial, el diario liberal israelí, Haaretz, ha amonestado duramente al Primer Ministro por tomar una decisión que, según este rotativo, crea el riesgo de que la imagen de Israel en el mundo pronto sea equiparable a la de Irán. Sin embargo, en los medios europeos no nos damos cuenta de estas últimas críticas y preferimos pensar que todos los israelíes apoyan ciegamente a su gobierno. Si vamos a transformar al Gobierno de Israel en paria, ¿por qué no también a sus ciudadanos?

 

De todas formas, ante su nuevo aislamiento, ¿cómo han respondido los que defienden Israel desde fuera de sus fronteras? Esta semana la revista, The Economist, ha publicado una carta de Joel Eisen, profesor asistente de la Universidad de Toronto con la que replica a un artículo del mismo semanario en el que se afirmó que la reacción militar de Israel en Gaza no había sido proporcional.  Cito, “Los terroristas de Hamás actúan de forma deliberada para atacar a la población civil israelí y celebran cada muerte mientras Israel tiene en el blanco a depósitos de armamento y comandantes terroristas. Algunos transeúntes palestinos han sido víctimas del fuego cruzado, sin embargo, no mencionaron el hecho de que los lanzacohetes palestinos se ubican estratégicamente en barrios densamente poblados, a escasos metros de escuelas y mezquitas. Tampoco mencionaron que Israel lanzaba folletos y enviaba mensajes de texto a la población civil para advertirles del ataque inminente”. Concluye con la pregunta, “¿Estarían satisfechos los críticos si, además de los cinco, Israel hubiera sufrido 135 bajas más?”

 

Los mismos argumentos los he leído en numerosos foros, no sólo ahora sino hace cuatro años durante la anterior guerra de Gaza. A primera vista parecen bastante sólidos pero son los mismos de siempre y se ha demostrado que ya no sirven para alterar la opinión pública internacional que apoya cada vez más la posición palestina en el conflicto. Además, por muy sólidos que sean, también generan dudas. ¿Sirve de algo ser avisado de un inminente bombardeo en un territorio tan sobrepoblado como Gaza?

Muchas veces la línea entre la política de comunicación de los Gobiernos y la política con mayúsculas es increíblemente fina y cualquier profesional de las relaciones públicas tendría harto difícil argumentar en el contexto actual que Israel es víctima –por mucho que cada día Hamas lance cohetes hasta Tel Aviv o Jerusalén- si mientras todo el mundo avanza en la dirección de un mayor reconocimiento del Estado palestino el Gobierno israelí persiste en su política de provocación mediante la ampliación de sus asentamientos y la retirada de los fondos que Gaza necesita para poder desarrollarse económicamente. 

Sin ninguna duda, Gaza está gobernado por una organización terrorista, que tiene como objetivo declarado la destrucción de Israel. Sin embargo, también es verdad que ese partido está en el poder gracias a los votos de sus ciudadanos y, por otra parte, hay que reconocer que la opinión pública palestina se radicalizó en gran parte como consecuencia de la represión israelí. Israel tiene todo el derecho a presumir de ser un país rico, social y económicamente avanzado y con un sistema político maduro, sin embargo, esta es la mejor prueba de que el éxito económico es el sine qua non de la paz y la estabilidad y que sólo un estado palestino próspero podrá transformarse algún día en amigo de Israel. Desde luego, en un estado palestino desarrollado dudo que los civiles estén tan dispuestos a convertirse en escudos humanos o a votar a un partido que tenga como único objetivo destruir a su vecino, aunque el precio sea la vida de miles de sus propios ciudadanos.

Para ganar un debate en el mundo moderno, en el que todos tenemos el derecho a opinar, no es suficiente repetir día tras día las mismas mantras sin ninguna voluntad de autocrítica o de analizar hasta qué punto ha cambiado la situación sobre el terreno. Israel es un aliado fundamental de Europa y las Américas y tenemos incontables motivos para apoyarles, sin embargo, los ciudadanos no son completamente ingenuos. Sabemos que dentro de Israel existen muchas tensiones políticas entre las comunidades ortodoxa, moderada y laica; que las decisiones de sus gobernantes no son siempre bien intencionadas; pero que sus acciones serán instrumentales o para reconducir la situación hacia un escenario de paz o para hacer que el conflicto se enquiste. Irán y los países árabes tienen una gran responsabilidad pero Israel también tiene que asumir la suya, y aún reconociendo el importante papel que juega dentro de la estructura geopolítica mundial, sobre todo, necesita un nuevo discurso que llegue a sus ciudadanos, sus aliados, a través de ellos a la opinión pública internacional, y que vuelva a transmitir la confianza en su gestión de este tan irresoluble conflicto en Oriente Próximo.

Adrian Elliot (España) es egresado del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Director de Cuentas de Grayling España.

LA HAYA DEVUELVE A NICARAGUA MILES DE METROS DE MAR

 
Escribe Deylin Gutiérrez

Desde hace unos días el mapa de Nicaragua es más grande. La Corte Internacional de Justicia (ICJ) le concedió más de 100 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe, que durante muchos años estuvieron en posesión de Colombia, pero que legalmente no eran de ese país.

Todo comenzó en los años 80,  el primer Gobierno sandinista decidió desconocer un tratado entre Nicaragua y Colombia, firmado en 1928 (Bárcenas-Esguerra). En ese acuerdo Managua cedía a Bogotá la soberanía del archipiélago de San Andrés, ubicado en el mar Caribe, y por ese gesto obtendría del país suramericano una parte del mar que nunca fue definida.  

Durante los años que se firmó el tratado, Nicaragua estaba ocupada por el ejército de los Estados Unidos. Fue precisamente esa ocupación la que esgrimió el Gobierno nicaragüense para desconocer tal acuerdo en La Haya. 

La estrategia de Colombia 

Desde hace varias décadas y  por razones de la geopolítica, Colombia ha pretendido dominar las aguas del Caribe central. La plataforma continental nicaragüense  es una de las más grandes de los países caribeños y una de las más ricas en biodiversidad. Colombia empezó su estrategia de dominación en Honduras, vecino de Nicaragua en el norte, pero no le fue bien.  

En diciembre de 1999 el Gobierno de Nicaragua, reaccionó airado después de que Tegucigalpa y Bogotá ratificaran el tratado (Ramírez-López) en el que definían sus fronteras en el Atlántico, y en el que se lesionaban los intereses de Managua. Esa delimitación despojaba a Nicaragua de unos 130 mil kilómetros cuadrados de plataforma marítima.

Nicaragua demandó a Honduras ante la Corte de la Haya para que suspendiese la ratificación de ese tratado, y de paso delimitase el espacio marítimo de ambos países en el Caribe. En 2007 el tribunal internacional estableció los límites de los dos países centroamericanos que no fueron precisamente los que decía el acuerdo Ramírez-López. 

Con esas cartas jugadas  en el escenario internacional, Nicaragua decidió ir a por Colombia. El 6 de diciembre del 2001 el país centroamericano demandó al Estado colombiano en La Haya para que éste organismo le devolviese la soberanía sobre el grupo de islas que estaban en posesión del país andino gracias al acuerdo firmado en 1928, y además que definiera el límite fronterizo entre ambos países.

En un complejo proceso judicial, que duró más de diez años, la Corte falló finalmente el pasado 19 de noviembre.  El máximo tribunal reconoció la soberanía de Colombia sobre ese grupo de islas que Nicaragua reclamaba como suyas, sin embargo le cedió al país centroamericano una importante porción de más de 100 mil kilómetros cuadrados que Bogotá explotaba desde hacía mucho tiempo.

El país andino mantiene la soberanía sobre las islas, pero perdió parte de su territorio marítimo. 

Nicaragua en el banquillo de La Haya

Nicaragua es el país centroamericano que más ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia (ICJ). La mayoría de veces que ha ido lo ha hecho para demandar temas de delimitación marítima, pero también ha asistido por temas políticos.

El país centroamericano se estrenó en La Haya en 1958 cuando fue demandado por el Gobierno de Honduras para que reconociese una resolución emitida por el Rey de España en 1906 en el que se determinaba la frontera entre ambos países.

Pero el caso más importante que le ha tocado enfrentar a Nicaragua fue la demanda que interpuso contra el Gobierno de los Estados Unidos en abril de 1984. Nicaragua logró demostrar ante la Corte Internacional que el Gobierno de Washington había violado el derecho internacional al financiar la guerra de los años 80 en contra del pueblo nicaragüense.   

De las once veces que Nicaragua ha estado sentada en el banquillo de La Haya, nueve   ha  sido como demandante o como demandado por otro país de la región centroamericana, excepto en el caso de los Estados Unidos, y solamente tres lo ha hecho como parte de un conflicto entre otros  países.   

Deylin Gutiérrez Pérez (Nicaragua) es egresado del Máster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Además, es periodista y escribe sobre temas internacionales relacionados con Centroamérica y trabaja en proyectos de comunicación 2.0.