lunes, 20 de octubre de 2014

JUSTICIA

 
Escribe Dianeth Pérez

Recuerdo el comentario generalizado al saberse que Joaquín Hernández Galicia “la Quina”, había sido encarcelado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari al principio de su gestión: “ahora sí, este presidente viene duro, y va a acabar con la corrupción”. 

 
El entonces líder del sindicato de Petróleos Mexicanos apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas y amenazó con una huelga si Salinas privatizaba Pemex, según reportes de la época. Esta traición al PRI le costó casi diez años en prisión acusado por homicidio y acopio de armas.

El término “Quinazo” quedó acuñado en la política mexicana como “ese golpe de autoridad de un gobierno frente a la corrupción o a una persona corrupta, pero que no necesariamente muestra la efectividad del estado de derecho, sino más un acto de cobrarse cuentas o tratar de eliminar del escenario político nacional a políticos que pudieran ser incómodos para el nuevo régimen”, según René Torres Ruiz, académico de la Universidad Iberoamericana.

Al romperse por primera vez la cadena de favores del PRI, se confundió con justicia un acto de venganza. Solo con el paso del tiempo se le dio al encarcelamiento de “La Quina” su justa dimensión.

El “Quinazo” de Ernesto Zedillo se llama Raúl Salinas de Gortari, hoy exonerado de todos los cargos gracias a Enrique Peña Nieto. El “Quinazo” del actual presidente se llama Elba Esther Gordillo. Acusados y acusadores todos miembros del PRI. Los pocos encarcelamientos de políticos, sin duda corruptos, son motivados por el afán de venganza y no por hacer justicia.
Hay encarcelamientos políticos que resultan inevitables, como el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, y como lo será el del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. La presión nacional e internacional demanda la caída de una figura emblemática, y quedarse en la detención del alcalde y del jefe de policía no corresponde a la magnitud de los hechos.

Hay aprehensiones que resultan incomprensibles porque nunca sucedieron, como la del ex gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer; la del ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps y la del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, solo por citar algunos nombres de los muchos que integran la lista de políticos corruptos del país.

Peña Nieto ya dio una muestra de su naturaleza represora con los hechos de San Salvador  Atenco cuando era gobernador del Estado de México, y lo sigue demostrando con la detención de José Manuel Mireles Valverde, la lista que crece de periodistas muertos y desaparecidos y su complicidad con los principales medios de información del país para mantener oculta la realidad nacional.

Los hechos de Ayotzinapa han puesto a México bajo la lupa a nivel internacional en cuestiones de derechos humanos, democracia, justicia e igualdad. Que la desaparición de los estudiantes sea la gota que colme el vaso y no uno más de los eventos trágicos que tiñen de rojo el país, donde la justicia brilla por su ausencia.

Miles de estudiantes han salido a las calles para mostrar su repudio ante la barbarie de Ayotzinapa, pero los desaparecidos no eran solo estudiantes; eran hijos, hermanos, sobrinos, vecinos y amigos, así que las muestras de solidaridad y las demandas de justicia no solo tendrían que venir del sector estudiantil, sino de la sociedad en general.

Todo el que esté indignado y harto de vivir en un México donde la justicia tiene precio, donde el que gobierna es el narco, donde no se puede vivir tranquilo ni confiar en ningún cuerpo de seguridad, donde el que denuncia atropellos del gobierno es encarcelado, muerto o desaparecido, todos, deberíamos salir a las calles a decir “ya basta”, y no solo por Ayotzinapa, también por Aguas Blancas, por Tlatlaya, por Tlatelolco y por todas las matanzas del gobierno conocidas y desconocidas. Por los 76 periodistas asesinados desde el 2013 y por los 16 desaparecidos desde 2013 a la fecha; por el Doctor Mireles, por Gilberto Romero Vázquez y todos los líderes sociales víctimas de la represión y la injusticia.

Porque los que queremos un país mejor somos más, pero votamos por quienes han vendido nuestra tranquilidad al mejor postor; porque la alternancia resultó una farsa; porque si nos unimos no podrán contra nosotros. Hay que vencer la apatía de mucha gente a participar en movilizaciones sociales, porque ya estuvo bueno de generaciones de “agachados”, que callan, obedecen y aguantan.

Dianeth Pérez Arreola (México) es egresada del Máster en Comunicación Periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en varios proyectos periodísticos y vive en los Países Bajos desde 2003.  

viernes, 10 de octubre de 2014

LA IMPUNIDAD EN EL CASO AYOTZINAPA


Escribe Dianeth Pérez

El 26 de septiembre desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. La noticia no ha alcanzado un sitio en los medios de los Países Bajos. Una de las peores masacres en México, efectuada por narcos, militares y policías, que para el caso es lo mismo en México.

Detalles sobre varias fosas clandestinas, fuertemente resguardadas de la mirada de la prensa nacional e internacional, horrorizan: cuerpos carbonizados, puestos sobre madera y paja, en varias capas. Algún testigo ha dicho que al parecer los quemaron vivos.
Según información del Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, algunos de los estudiantes desaparecidos fueron entregados por la policía municipal a los sicarios de “Guerreros Unidos”, un cártel separado de los Beltrán Leyva.

Secreto a voces era la impunidad y el descaro con la que operaba el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora prófugo de la justicia. Pidió licencia para separarse de su cargo el 30 de septiembre, cuando vio que su detención por la matanza de estudiantes era inminente. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, es hermana de miembros de la organización criminal “Guerreros Unidos”, y estaba decidida a suceder a su marido en la Presidencia Municipal.

Abarca fue señalado como responsable por la muerte de Arturo Hernández Cardona en junio del 2013. El líder social le dijo a la esposa del alcalde en una sesión de Cabildo que su marido tenía nexos con el narco. 

Ahora aparecen mantas que acusan a Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, de tener también nexos con el crimen organizado, quien lo niega. Días después de la matanza en Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto por fin se pronunció sobre los hechos, respondiendo con el típico discurso de “caiga quien caiga”, presionado por la condena internacional más que por su deber.

Hay 22 policías municipales detenidos por su participación en los asesinatos de los estudiantes. Estaban en la nómina del narco, y fue gracias a la confesión de uno de ellos, que se ubicó una de las fosas con 28 cadáveres.

Uno de los alumnos que lograron escapar, narró a los medios como encontraron a uno de sus compañeros, apodado “el chilango”, al que descubrieron sin vida, con la piel de la cara arrancada y sin ojos. Otros cuentan como nadie se detenía para ayudarlos, cuando cargaban a estudiantes heridos de bala.

En varias capitales europeas se han hecho marchas para exigir al gobierno mexicano justicia en el caso Ayotzinapa, como ya se han hecho en varias ciudades mexicanas. Ya se prepara la de Holanda. No dejemos pasar una injusticia más; no nos acostumbremos a este tipo de hechos; no perdamos la capacidad de asombro ni de indignación. Eso demostraremos los mexicanos en Holanda en unos días, frente a la embajada de México en los Países Bajos.


Dianeth Pérez Arreola (México) es egresada del Máster en Comunicación Periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en varios proyectos periodísticos y vive en los Países Bajos desde 2003.  

miércoles, 1 de octubre de 2014

EL EJEMPLO HOLANDÉS SOBRE VENTA DE DROGAS


 
Escribe Dianeth Pérez

La ley de drogas en los Países Bajos data de 1976. Desde ese año es posible comprar drogas “blandas” sin ser castigado por la justicia. Por drogas blandas de entiende productos derivados del cannabis, como la marihuana y el hachís, somníferos y calmantes.  


Esta ley tuvo como justificación que al no tener solución el problema del uso de drogas, al menos se podía limitar su daño. Con esto se buscaba que los consumidores permanecieran en las drogas blandas y no dieran el paso hacia las drogas “duras”: cocaína, heroína, anfetaminas, éxtasis y GHB. Además buscaba reducir el riesgo de la venta anónima y el desorden social del tráfico de drogas. 

Esta ley va aparejada con ayuda para consumidores en forma de terapias, tratamientos, internaciones para desintoxicación, regulación del uso de drogas y prevención de daños a la salud.

Si no es posible dejar el consumo de drogas, hay tratamientos por el daño físico y mental a causa de la adicción, jeringas gratis para limitar el contagio de VIH o hepatitis B y provisión de metadona y heroína a los adictos. 

Desde el 1 de enero de 2013 solo los residentes de los Países Bajos pueden comprar drogas blandas en los coffee shops. Estos negocios solo pueden tener 2 mil “socios” o inscritos como clientes, no pueden hacer publicidad, vender a menores de 18 años, alterar el orden público, hacer ventas mayores a cinco gramos por persona y vender drogas duras.

Esta medida ha levantado polémica, pues según cifras del gobierno, casi uno de cada cuatro turistas en Holanda visitaba estos establecimientos y poco más del 7 por ciento atribuía la compra de drogas blandas como razón principal para visitar Amsterdam.

No han sido pocos los casos de tragedias que involucran turistas y drogas. Suicidios, mascotas asesinadas y en uno de los últimos casos, un turista que bajo los efectos de las drogas, saltó desde la ventana de su hotel y cayó sobre un turista brasileño que cenaba en una terraza, dejándolo cuadripléjico. 

El impacto económico por supuesto que se nota, pero es un precio que el gobierno está dispuesto a pagar. Este paso atrás lo atribuyen a que los coffee shops favorecen el tráfico de drogas y el crimen organizado. Restricciones adicionales son la clausura de este tipo de negocios cercanos a centros educativos, y la posibilidad de que los ayuntamientos agreguen reglas a las ya existentes a los coffee shops que operen dentro de su territorio.

Otro motivo para limitar la venta de drogas es el hecho de que, a pesar de las restricciones, Holanda es el mayor productor de drogas sintéticas en Europa, el productor principal de cannabis y la puerta de entrada a Europa de cocaína, heroína y hachís.

En un país de 16 millones de habitantes, 32 mil jóvenes inhalan cocaína y 40 mil consumen éxtasis; adicciones que le cuestan millones al sistema de salud.

Otros países europeos han estado cerca de seguir el ejemplo holandés y han dado marcha atrás en el último momento, al no estar seguros de que los beneficios sean mayores que los daños.

Dianeth Pérez Arreola (México) es egresada del Máster en Comunicación Periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en varios proyectos periodísticos y vive en los Países Bajos desde 2003.